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El pasado 28 de marzo se publicó en el BOE la ley 3/2014, de 27 de marzo, la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Afecta principalmente en la contratación a distancia y por lo que hace al comercio electrónico, influye básicamente para dar mayor protección a los consumidores con la finalidad de motivar la venta distancia por parte de estos:
1. Información de la empresa. Previamente la empresa debe dar la dirección completa del establecimiento,el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico. Y si es distinta, también la dirección completa de la sede del empresario y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta actúa, a la que el consumidor y usuario puede dirigir sus reclamaciones.
2. Pagos adicionales. Deben ser expresamente aceptados por el consumidor: los suplementos se comunicarán de una manera clara y comprensible. No podrán cobrarse cantidades adicionales por el uso de medios de pago
3. Costes de devolución y plazo de desistimiento. Se tienen que indicar expresamente que en caso de desistimiento el coste de la devolución corre por cuenta del consumidor. También, se amplía el plazo de desistimiento a 14 días naturales (no se duplica, como se ha podido leer, puesto que anteriormente el plazo era de 7 días hábiles) y se establece que en caso de entregas de productos múltiples o por partes, se empieza a contar el plazo desde la entrega del último de los productos.
4. El botón de pago. Es necesaria la confirmación expresa por parte del consumidor de que es consciente de que el pedido implica una obligación de pago. Si se usan botones o funciones similares, estos deberán etiquetarse únicamente con la expresión «pedido con obligación de pago» o una expresión no ambigua.
5. Modelo de formulario. Se incorporan en la Ley sendos modelos de documento de información al consumidor y usuario sobre el desistimiento y de formulario de desistimiento.
Aunque la Ley ya ha entrado en vigor, sus disposiciones se aplicarán a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 junio de 2014.
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